Desobediencias y afrentas al obispo

La infortunada situación de desentendimiento que se ha producido en nuestra diócesis entre el cargo episcopal y otras instituciones religiosas ha sido históricamente cruenta y reiterativa. Así, vivimos una enconada lucha frente a grupos de poder con ambiciones particulares durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, que afectó tercamente a 28 sucesivos obispos.
De entre la vasta documentación que custodia este Archivo sobre el Abadiado de San Victorián, relacionada con tan inadecuado asunto, hemos elegido este mes la carta informativa (Cu572/5) que en junio de 1778 envía el obispo Juan Manuel Cornel al rey Carlos III, porque en ella detalla al monarca la corrompida situación desde sus inicios.
Por bula dada en 1571, el papa Pío V, a petición del rey Felipe II, restituyó para Barbastro “la catedral y la mitra”, asignándole parroquias desgajadas del abadiado de San Victorián. Hasta dos años más tarde, no tomó posesión Felipe de Urriés, primer obispo tras la restauración, y aprovechando “aquellos tiempos tan turbados y oscuros, por medios menos regulares, procuró (el abad) reintegrarse casi todo” haciendo caso omiso de lo que “por la Suprema Autoridad Eclesiástica y Real se le había dismembrado (sic) para el obispo de Barbastro”.

Mucho ruido, pleitos, discordias, descaros, arbitrajes, recursos… El nuncio en España y el arzobispo de Zaragoza pronunciaron sentencia en 1590 en favor del obispo de Barbastro, pero fue ampliamente desoída por el abad.
Inicio éste de un acerbo y férreo distanciamiento, no resuelto por Roma, ni por el Tribunal de la Rota, ni por la intervención de arzobispados españoles… y que 207 años más tarde, hace quejarse al autor de esta carta –en ese momento pierde la salud con tres recursos contra el abad en la Real Cámara y dos en la Real Audiencia de Zaragoza– explicando que no admiten la jurisdicción del obispo; que amparados en el uso que han venido haciendo, no devuelven las parroquias que no les pertenecen, en especial la Villa de Graus (2.000 almas), de las que obtienen diezmos, primicias y pingües rentas; que por ejercer a su albedrío, no permiten visitas pastorales; que el abad pretende continuar ordenando a sus monjes, y no tolera al obispo que examine a los ordenandos para verificar su preparación al sacerdocio; que los monjes residen en sus parroquias y, por tanto, no hacen vida monacal ni guardan el debido decoro…
En fin, que debió de ser algo impensable.